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Bogotá, marzo 19 de 2022 - Frente a la información difundida por algunos medios de comunicación, respecto de la supuesta revelación de un escándalo de corrupción en la entidad, el Fondo Nacional del Ahorro se permite aclarar e informar lo siguiente:
Que el tema al que hace referencia el artículo publicado en ambos medios, se deriva de un proceso de contratación que la actual administración del FNA, en cabeza de la Dra. María Cristina Londoño Juan, puso en conocimiento de las autoridades y entes de control y sobre el cuál la entidad ha prestado toda la colaboración necesaria para que esta situación se aclare y se resuelva.
Que el contrato en mención se suscribió en noviembre de 2017 por el entonces presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el señor Helmuth Barros Peña, con el objeto de vender cartera de difícil recuperación con un saldo de capital aproximado de 98.000 millones de pesos, por un valor de 68.435 millones de pesos.
Que en el marco del contrato, dicha cartera fue trasladada a un patrimonio autónomo donde, a la fecha, hay obligaciones por un saldo de capital de 90.000 millones de pesos que se constituían en la garantía del cumplimiento de las obligaciones del contratista Disproyectos; lo que denota claramente que el dinero no se ha perdido. De hecho, esa garantía fue incluso ejecutada por la actual administración de la Entidad, que a la fecha ha recibido pagos por la venta de esta cartera por valor de 26.424 millones de pesos.
La entidad se permite asimismo resaltar que la actual administración ha tomado todas las medidas jurídicamente necesarias para evitar la pérdida de los recursos, como efecto del contrato suscrito con el contratista Disproyectos.
Además, informa que desde que llegó la actual administración, se evidenciaron y denunciaron las siguientes irregularidades respecto del contrato en mención:
que la venta se realizó sin aprobación de la Junta Directiva,
que se hizo sobre créditos que no cumplían con los requisitos establecidos en los manuales (créditos calificados D),
que se efectuó con una valoración y un sistema a plazos que tampoco se ajustaba a la normatividad interna,
que no tuvo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda; y
que además, no se agotó debidamente un proceso de selección objetiva del contratista.
Adicionalmente, luego de hacer las respectivas investigaciones y denuncias, la entidad adoptó las siguientes medidas:
Demandó la nulidad del contrato y su incumplimiento ante un tribunal de arbitramento que está próximo a proferir laudo. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación ya emitió concepto en el proceso apoyando la pretensión de nulidad invocada por la actual administración del Fondo Nacional del Ahorro.
Presentó denuncias sobre los hechos ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación (esta última ya emitió fallo sancionatorio en contra del expresidente del FNA, el señor Helmuth Barros).
Presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, que ya ha avanzado en las investigaciones y ha imputado cargos a algunos de los funcionarios involucrados.
Ejecutó la garantía establecida en el contrato suscrito con Disproyectos por el incumplimiento de este último en sus obligaciones para con el Fondo, con miras a recuperar la cartera y por tanto los recursos, de acuerdo con lo que establezca el laudo.
Por último, la entidad se permite informar que tanto Adriana Rojas como Milton Bustos, continúan laborando en la entidad como empleados oficiales, aunque ya no ostentan los cargos de vicepresidentes de riesgos y financiero, respectivamente.
Puesto que contra ellos no recae ninguna sanción en firme por parte de ningún ente de control, y en aras del respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, el Fondo Nacional del Ahorro no ha tomado medidas en su contra o los ha apartado de sus funciones.